En el último trimestre de 2020, el número de empresas que se declararon en quiebra por insolvencia ascendió al 35%. No se vislumbra ningún escenario positivo; entre otras cosas porque la moratoria por la que se ha suspendido el derecho y el deber de este mecanismo finalizará el 14 de marzo.
El 41% de las 4.097 empresas que han suspendido pagos en 2020 son pymes con una facturación de hasta 250.000 euros. La gravedad de la situación ha llevado al Consejo General de Economistas a reclamar la integración de la legislación europea para facilitar la reestructuración de las deudas y evitar así la quiebra de otras empresas insolventes.
En este sentido, el Gobierno ha declarado que está preparando una reforma concursal que complementará la legislación europea.
Esta directiva prevé la refinanciación extrajudicial y la posibilidad de que se perdone una parte de las deudas fiscales. Sin embargo, se excluyen las reclamaciones públicas, ya que un gran porcentaje de los pasivos de las PYMES proviene de los atrasos con Hacienda o la Seguridad Social.
Además de estas disposiciones, la directiva de la UE agiliza los procedimientos y exige a los gobiernos que proporcionen sistemas de alerta temprana para ayudar a los empresarios a detectar a tiempo las circunstancias que podrían conducir a la insolvencia. En concreto, el reglamento sugiere que esta tarea recaiga en las agencias tributarias o en los organismos responsables de la seguridad social.
En conclusión, se puede decir que, para salvar a las empresas del riesgo de insolvencia, es necesaria una reforma concursal que integre la normativa de la Unión Europea; junto con sistemas de alerta capaces de ayudar a los empresarios a prevenir situaciones difíciles.
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Fuente: cincodias